El estado debería ponerse en serio a controlar la calidad del software que subcontrata

La administración pública española subcontrató en 2011 más de 624,59 millones de € en desarrollo software.
Sin embargo, continuamente se repiten noticas como que un error informático resta 300€ de sueldo a los empleados de Justicia (2012), un fallo informático paraliza todos los centros de salud (2012), Canarias pierde datos «vitales» de la erupción de El Hierro por un error informático (2011), un fallo en el sistema informático bloquea los juzgados de toda Cataluña (2010), un fallo informático dificulta el trabajo médico en 4 centros de salud de Soria, un fallo informático impide conocer el sumario del ‘caso Gürtel’ (2010), etc.
Por otro lado, basta hacer una búsqueda en Google con las palabras “prescripciones técnicas desarrollo software” para ver, después de un rato de búsqueda, que hay un número de pliegos que pudieron haberse mejorado considerablemente, en lo que refiere a calidad, requisitos, metodologías, control, pruebas, etc.

Más allá de datos como los anteriores, públicos y accesibles vía web, todos los que nos dedicamos al mundo del desarrollo software hemos vivido, y escuchado, historias de desarrollos software subcontratados por la administración (u otros entes públicos, como Universidades y demás) que ampliamente exceden el tiempo de desarrollo previsto (y el que era necesario), presupuesto, importantes incidencias que interrumpen el servicio público que prestan, no se entregan con unos mínimos de calidad software, un mínimo de testeo, proveedores que ponen a un equipo no del todo adecuado, etc.
El software aparte de llevarse una alta suma de dinero público, ocupa, cada vez más, un papel crítico para el funcionamiento de la administración y para la seguridad de la sociedad.
Con las necesarias diferencias, desde hace años el estado evalúa alimentos, la seguridad aérea, los medicamentos, las telecomunicaciones, la publicidad, etc.
Así que, según todo lo anterior, ¿no debería el estado preocuparse por controlar la calidad del software que subcontrata? Entiendo que en cada subcontratación pública de desarrollo software hay un responsable de esta tarea, y que en ocasiones se hará mejor, y en otras no tan bien. Pero más allá de dejar este importante tema sólo en la valía profesional de dichos responsables ¿no debería haber unas pautas y un control a nivel estatal?
Y, obviamente, no me refiero a medir Métrica 3 o tal nivel de CMMI, aspectos que pueden venir bien, pero que no son, ni ucho menos, garantía suficiente.
¿Cuál es vuestra opinión? ¿Experiencias en otros países? Sería muy interesante conocer experiencias en este sentido.